¿Te imaginas qué pasaría si las cooperativas continúan logrando una mayor participación en la generación de políticas públicas, como un agente social representativo de varios sectores socioeconómicos?
Con la publicación de la LRASCAP[1] (2009), y luego de una serie de controversiales eventos que involucraron al sector cooperativo en México, éste ha realizado un trabajo constante para obtener mayor visibilidad y reconocimiento, no solo ante la sociedad civil, sino también en el ámbito sociopolítico y económico.
En octubre de 2021, quedó formalmente instalada la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo[2], conformada por diputados de diversos partidos, quienes en su momento manifestaron algunas ideas sobre el quehacer de esta comisión.
Es un hecho que las cooperativas poseen un contacto directo con la sociedad civil, sus intereses y necesidades, lo cual les confiere un nivel de información superior sobre los problemas reales, una intensa sensibilidad de detectar más rápidamente las nuevas demandas sociales, y que sus esquemas de participación permiten identificar, canalizar e implementar respuestas inmediatas y satisfactorias, como parte de un proceso de innovación social.
Por lo anterior y para que no se quede en buenas intenciones, presentamos seis puntos que sin duda reforzarían las ventajas que el poder cooperativo y la economía social aportarían en el ámbito político:
- Promoción de la formación profesional en este ámbito e inclusión de referencias a la economía social en los planes de estudio en los diferentes niveles educativos.
- Facilitar el acceso a los procesos de innovación tecnológica y organizativa a los emprendedores de las entidades de economía social.
- Eliminar obstáculos jurídicos y simplificar los trámites administrativos para la creación de entidades de la economía social.
- Revisión de la normativa a fin de suprimir las limitaciones y trabas injustificadas para que las entidades de la economía social operen eficazmente.
- Establecimiento de un órgano ciudadano de fomento a la economía social donde estén representadas las administraciones públicas nacional, estatal, regional, local, sindicatos y otras entidades.
- Generar políticas activas de empleo a favor de los sectores más afectados por el desempleo (mujeres, jóvenes y desocupados), así como en las políticas de desarrollo rural y de servicios de integración social.
Por otro lado, la participación de las cooperativas en los consejos consultivos de políticas públicas permitiría una mayor democratización del proceso político y la participación social y económica de sectores sociales que generalmente no están representados.
En conclusión: por su cercanía, conocimiento y capacidad de respuesta ágil e innovadora, involucrar a las cooperativas en el proceso de diseño de políticas públicas permitiría acertar mejor en la elección de herramientas y alcance de objetivos en beneficio de nuestra sociedad.
[1] Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
[2] http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunicacion/Boletines/2021/Octubre/19/0283-Quedo-formalmente-instalada-la-Comision-de-Economia-Social-y-Fomento-del-Cooperativismo
